El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el sábado 8 de agosto que las recientes publicaciones sobre operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) constituyen una guerra psicológica de Estados Unidos para justificar el cerco contra la isla.
El mandatario cubano vinculó estas maniobras mediáticas a la estrategia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a las políticas de estrangulamiento de la administración de Donald Trump.
Estas acciones permiten golpear directamente los ingresos de divisas e interrumpir el suministro de energía hacia la nación antillana.
La denuncia responde a una investigación periodística de The New York Times que revela la creación de un grupo operativo secreto de la CIA para Cuba. Este equipo concentra recursos financieros y tecnológicos para identificar fisuras en el liderazgo político cubano y promover reformas bajo el diseño de Washington.
Miguel Díaz-Canel rechazó la permanencia de su país en la lista de patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, calificándola de pretexto para recrudecer las sanciones unilaterales. Expertos de la ONU respaldaron esta postura al denunciar el impacto destructivo de estas medidas sobre el derecho internacional y la soberanía de los pueblos.
Esta escalada coincide con el despliegue militar del Comando Sur de Estados Unidos en el mar Caribe. El bloqueo estadounidense afecta de forma directa el acceso a combustibles, la generación eléctrica, el transporte y la salud de la población.
Defensa de la soberanía y transformaciones económicas
Ante la profunda crisis financiera y las amenazas diplomáticas y militares en la región, que incluyeron denuncias sobre el escenario geopolítico en América Latina y agresiones contra países aliados, Díaz-Canel ratificó la implementación de 176 medidas para la Transformación Económica y Social aprobadas por el Gobierno cubano.
El Ejecutivo precisó que más de 120 de estas normativas ya se encuentran listas para su aplicación. Las reformas buscan liberar las fuerzas productivas, otorgar mayor autonomía a los municipios y empresas estatales, e incentivar alianzas entre el sector público y las formas de gestión privada.
No obstante, el presidente subrayó de forma categórica que estas transformaciones no responden a exigencias externas ni significarán un retorno al capitalismo.
”No habrá privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni los servicios estratégicos para la nación. Lo que existe es la voluntad política de recuperarlos todos y generar riquezas para llevarlos a niveles de calidad superior”, puntualizó.
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