El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, anunció en conferencia de prensa que la nación caribeña iniciará por tercera vez un proceso para la homologación y legalización de vehículos armados por partes. Esta decisión responde a la existencia de numerosos medios construidos por iniciativa de sus propietarios, principalmente motocicletas y vehículos ligeros, que facilitan la movilidad de la población.
Los dos procesos anteriores permitieron legalizar más de 100.000 vehículos fabricados por partes, todos sometidos a revisiones técnicas para comprobar su seguridad.
El nuevo procedimiento contará con tres etapas fundamentales para garantizar el ordenamiento técnico. La primera consistirá en la inscripción de los propietarios en una plataforma digital habilitada para ese fin.
La segunda fase corresponderá a la revisión técnica de los vehículos en los centros dispuestos en todo el territorio nacional, mientras que la tercera comprenderá el registro y la obtención de la documentación que acredita la certificación del medio.
Ampliación de opciones comerciales y exenciones
El país implementará flexibilizaciones para la transmisión, importación y comercialización de vehículos con el fin de estimular la movilidad con energía verde. Las autoridades eliminaron el límite de adquisición de seis vehículos en un período de cinco años para personas naturales y jurídicas en las comercializadoras autorizadas, según reseñó el diario Granma.
Además, se autorizó a personas jurídicas no estatales que cumplan los requisitos a ensamblar y comercializar medios eléctricos como ciclomotores, motocicletas, bicicletas y autos.
Las nuevas medidas incorporan importantes reducciones impositivas para favorecer la renovación del parque vehicular. El gobierno decretó la exención total del pago del impuesto especial de venta para los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables de energía.
Asimismo, se redujo el impuesto especial aplicado a ómnibus y microbuses del 20 % al 12 %, tasa que disminuye al 7 % si son ensamblados en el país y al 5 % cuando se trata de unidades eléctricas, con el propósito de recuperar el transporte público afectado por el bloqueo estadounidense.
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