Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves en un informe que operaciones militares israelíes en Cisjordania, en enero y febrero pasado, provocaron el desplazamiento forzado de 32.000 palestinos, lo que constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En el documento, la organización no gubernamental registró el desplazamiento forzado de la totalidad de los residentes de los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams, en el norte del territorio.
La investigadora Nadia Hardman indicó que «a principios de 2025, las fuerzas israelíes desalojaron por la fuerza a 32.000 palestinos de sus hogares en campos de refugiados en Cisjordania, ignorando las protecciones legales internacionales, y han impedido su regreso».
Además, afirmó que mientras la atención del mundo se centraba en Gaza, las fuerzas israelíes «cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica en Cisjordania que deben ser investigados y enjuiciados».
La organización analizó imágenes satelitales, videos y fotografías de las operaciones militares israelíes en los tres campamentos, que incluyeron tropas terrestres, tanques, helicópteros, drones y excavadoras.
El resultado fue que las fuerzas ocupantes arrasaron, destruyeron y nivelaron áreas, sellando todas las entradas; más de 850 viviendas y otras estructuras fueron destruidas o gravemente dañadas. En videos verificados, se evidencian ataques a civiles, así como los asesinatos de un hombre en Yenín y de dos mujeres en Nur Shams.
Según una evaluación del Centro de Satélites de Naciones Unidas en octubre pasado, 1.460 edificios resultaron dañados, incluidos 652 con daños moderados, siendo una destrucción extensa e injustificada en zonas residenciales.
HRW instó a que se investigara a altos funcionarios israelíes por estas operaciones y que, de encontrarse responsables, se les procesara por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos los basados en la responsabilidad de mando.
Los funcionarios referidos son el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz; el comandante del Comando Central, responsable de las operaciones militares en Cisjordania, Avi Blot, entre otros.
Israel no ha presentado evidencia
La organización aseguró que el Gobierno israelí no ha presentado evidencia de objetivos militares que justifiquen la evacuación total de los campamentos. Tampoco proporcionó rutas seguras, refugios, alimentos o atención médica durante el desplazamiento.
Destacó que el derecho internacional humanitario prohíbe el desplazamiento forzoso de civiles en territorios ocupados, y pidió que se permita el retorno inmediato de los desplazados.
También llamó a los gobiernos a presionar a Israel para que ponga fin a sus políticas represivas, impongan un embargo de armas, suspendan los acuerdos comerciales preferenciales, prohíban el comercio con los asentamientos y ejecuten las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).
La organización advirtió que la escalada de violaciones cometidas por Israel en Cisjordania amerita la acción urgente de los gobiernos para evitar que las fuerzas ocupantes intensifiquen su represión contra los palestinos.
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