Nos relajaremos el día en que el abogado Barry J Pollack introduzca en la corte de Manhattan la moción ómnibus.
Detrás de la escena hay un guion: la cadena CBS News distrae con filtraciones sobre “nuevas líneas de investigación criminal”, mientras el núcleo del conflicto ruge en la trampa judicial del “Estado capturado” —esa pirueta doctrinaria con la que Washington pretende borrar la soberanía de Venezuela— para anular a Maduro y eludir las leyes de inmunidad diplomática.
La Fiscalía cometió errores irreversibles. Primero, la confesión pública de origen: el 1° de mayo, Donald Trump admitió que apenas están “construyendo el caso”. Esta torpeza verbal confirma la atrocidad jurídica: ejecutaron una agresión militar de facto y ahora fabrican expedientes retrospectivos para justificarla.
A esto se suma la herida mortal que la Fiscalía se autoinfligió con el bumerán procesal del caso Van Dyke. Para condenarlo por apostar en Polymarket, el tribunal neoyorquino juró ante un juez que los planos de la extracción eran “información militar clasificada”. Los fiscales no pueden sostener ante el juez Alvin Hellerstein la ficción de una “acción policial de la DEA” mientras, en el pasillo de al lado, encarcelan a jóvenes soldados norteamericanos, piezas desechables de su propia maquinaria, por revelar secretos de guerra.
Esta contradicción confiesa el teatro bélico y tumba la tesis del Estado capturado. Intentar defender este absurdo el 30 de junio someterá al sistema judicial de EEUU a la vergüenza pública de admitir que su derecho penal solo busca tapar una agresión flagrante.
Segundo, la grave inseguridad jurídica inyectada a su propio sistema. Para evadir la Ley de Inmunidades Soberanas y el histórico precedente del caso Schooner Exchange (1812), la Fiscalía inventó la doctrina del “Estado capturado”. Si el juez avala que un país entero sea reclasificado como una “empresa criminal” para anular su inmunidad, dinamitará su propio derecho interno y expondrá a los presidentes norteamericanos al mismo trato en cortes foráneas.
Tercero, la inminente moción ómnibus es una fuerza constitucional ineludible. Bajo la Sexta Enmienda y la ley de procedimientos para información clasificada, la Fiscalía se enfrenta a un dilema: o desclasifica las bitácoras crudas de la CIA y el Comando Sur en corte pública, o retira los cargos para proteger sus redes de espionaje.
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