El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló este jueves que ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel ampliar su dominio territorial en la Franja de Gaza hasta alcanzar el 70% de la superficie del enclave. Durante un coloquio televisado por el Canal 12, el mandatario ratificó esta estrategia expansionista ante la presión de una audiencia que exigía el control total del territorio.
Al confirmar el avance hacia esta cifra, Netanyahu eludió negar que el objetivo final implique la ocupación absoluta de la región. Estas declaraciones subrayan una política de ocupación militar que diversos organismos internacionales señalan como una vulneración directa del derecho internacional humanitario.
La consolidación de un control territorial permanente sobre áreas densamente pobladas desafía el estatus legal de Gaza bajo los convenios internacionales vigentes. Especialistas en derechos humanos advierten que tales medidas consolidan una situación de dominio forzado que restringe los derechos fundamentales de la población civil palestina de forma sistemática.
La retórica del exterminio y el derecho internacional
La estrategia expuesta por el jefe del Ejecutivo israelí coincide con informes de relatores de la ONU que alertan sobre un proceso de deshumanización y desplazamiento forzado en el enclave. La insistencia en ampliar el control territorial, omitiendo la protección de la población civil y la infraestructura básica, refuerza las denuncias sobre un plan orientado al exterminio progresivo del pueblo palestino.
El derecho internacional tipifica estas acciones como gravísimas violaciones cuando derivan en el desmantelamiento de las condiciones de vida necesarias para la supervivencia de un grupo étnico o nacional.
Las palabras de Netanyahu ratifican una tendencia que inició semanas atrás, cuando confirmó el control del 60% del enclave pese a las advertencias globales. Al normalizar la expansión de las operaciones militares y la ocupación territorial, el gobierno israelí desoye las sentencias de los tribunales internacionales.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo estas directrices estatales consolidan un escenario donde la supervivencia de la población gazatí queda supeditada a las ambiciones territoriales del mando militar israelí.
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