La medida de prisión domiciliaria otorgada a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, por parte del Tribunal Oral Federal (TOF2), está plagada de una serie de restricciones «extremas y arbitrarias» no comunes y con cierta intención de humillación, según el rotativo argentino Página 12 y otros medios locales.
Entre las reglas a la que hace alusión este Juzgado, a través de una resolución, destaca la obligatoriedad de colocarse una tobillera electrónica, limitar las visitas, algo que no ocurre habitualmente en este tipo de detenciones y existe prohibición expresa de salir al balcón bajo el argumento judicial que puede «perturbar la tranquilidad del vecindario».
Además, el Tribunal Oral Federal en pleno, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, sostuvo que «ante la carencia de motivos lógicos y argumentos relevantes, no habiéndose acreditado razones de salud que justifiquen una decisión excepcional sobre este punto, corresponde cumplir con la manda que exige la implementación de un dispositivo electrónico para aquellos condenados que accedan al beneficio».
Agregó que el único dispositivo electrónico que se utiliza es la tobillera y su colocación estará a cargo de la «Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional».
No obstante, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner había planteado que no había motivo para una tobillera, ya que no existe peligro fuga ni nada por el estilo, alegando que su defendida está siendo monitoreada por su propia custodia de la Policía Federal. Pero el tribunal desechó esos argumentos.
Otra de las limitaciones que han sido impuestas por el TOF2 establece que la expresidenta deberá «abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes», por lo tanto, no deberá salir al balcón.
Seguidamente, la resolución judicial ordenó que «en el plazo de 48 horas hábiles deberá presentarse una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado». Lo que esto implica es que no podrá recibir visitas libremente, sino que fuera de ese listado, quien quiera verla, necesitará autorización judicial, o sea, del tribunal.
Fernández de Kirchner deberá permanecer en el domicilio fijado, sólo podrá salir en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
Finalmente, los jueces agregaron que «la determinación acerca de la modalidad futura de la custodia personal de la peticionante es una competencia exclusiva del ministerio en cuya órbita actúa la División Custodia de Ex Mandatarios -dependiente de la Policía Federal Argentina-, por fuera de la potestad jurisdiccional del tribunal».
Como se recordará, el pasado 10 de junio la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena por 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La lideresa de izquierda denunció ese mismo día la violación al derecho al voto de los argentinos, que se está bloqueando con una sentencia que “ya estaba escrita”, a pesar de haberse demostrado la inocencia de la política.
Posteriormente, el 11 de junio la defensa de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (CFK) solicitó que la condena impuesta se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, sin la utilización de tobillera electrónica, tras fallo juridicial de la Corte Suprema contra la líder peronista.
Este 14 de junio, dirigentes y militantes peronistas encabezarán un acto y movilización a Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión en el caso Vialidad y el Tribunal Oral le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria.
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