Ataque aéreo israelí deja siete palestinos muertos en Gaza


La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) advirtió este martes que Gaza sigue siendo un lugar inseguro para los civiles, ya que Israel continúa realizando ataques pese al cese al fuego vigente.

De acuerdo con el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, las fuerzas israelíes han efectuado una serie de tiroteos y ataques contra la infraestructura civil en los territorios palestinos ocupados, incluyendo escuelas y viviendas.

«Hoy, en la ciudad de Gaza, nuestros socios informaron que un estudiante de sexto grado fue trasladado al hospital tras ser alcanzado por una bala y resultar herido en un aula improvisada en una tienda de campaña», dijo, citando informaciones de los organismos de la ONU.

El funcionario recalcó que, según el derecho internacional humanitario, los civiles y la infraestructura civil «deben ser protegidos y no deben ser objeto de ataques».

Además, enfatizó que los espacios de aprendizaje deben seguir siendo entornos seguros y protegidos tanto para los estudiantes como para los profesores.

Haq también indicó que, según los informes recibidos, las fuerzas israelíes demolieron viviendas y la última escuela que quedaba en lo que antes era un complejo de cuatro escuelas en Beit Lahia, así como las tiendas de campaña que albergaban a casi una docena de familias.

Demoliciones en Cisjordania

El vocero adjunto de la ONU precisó que más de 80 escuelas palestinas están sujetas a órdenes de demolición o similares en toda Cisjordania ocupada.

Acotó que las autoridades israelíes han demolido partes de una escuela en la zona de Masafer Yatta, al sur de Hebrón, donde más de 1.000 residentes palestinos son presionados para que se marchen.

«En lo que va del año, nuestros socios educativos han llegado a más de 60.000 estudiantes en Cisjordania a través de programas de recuperación y aprendizaje complementario», destacó.

Detalló que se han logrado rehabilitar 30 escuelas, proporcionar asistencia de transporte y otras medidas de protección a más de 2.600 estudiantes y personal educativo en zonas de alto riesgo, así como brindar asistencia económica específica para la educación, apoyo psicosocial y asistencia jurídica.


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