El Gobierno de Argentina oficializó el jueves la reforma al régimen migratorio, anunciada a mediados de mayo, mediante un decreto que endurece las condiciones para la obtención de la ciudadanía, facilita las deportaciones de extranjeros y establece cambios en la residencia.
Esta reforma también habilita el cobro de aranceles en el sistema de salud y universidades públicas para los extranjeros no residentes.
El Decreto 366/2025 fue publicado en el Boletín Oficial del 29 de mayo e introduce modificaciones a la Ley de Migraciones N° 25.871, la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Ciudadanía N° 346.
La normativa precisa que el régimen legal vigente en el país, que fue sancionado en 2003, no se ajusta al actual «escenario global» y hace referencia a nuevos «desafíos en materia política, económica, cultural y social».
Además, que ante los movimientos migratorios que se producen con mayor frecuencia en varios países por «crisis políticas y sociales», Argentina experimenta una «afluencia masiva de migrantes», y hace referencia a «un nuevo riesgo derivado de la política de deportaciones» que lleva a cabo el Gobierno de Estados Unidos.
Por ello, entre otras razones, consideran necesario implementar mecanismos que «fortalezcan la capacidad del Estado» para gestionar los flujos migratorios de «manera eficiente, mejorar el control de las fronteras y asegurar que la llegada de extranjeros contribuya al bienestar general y no comprometa la seguridad ni la estabilidad social» del país.
Principales cambios
Salud y educación para no residentes
Esta reforma indica que los extranjeros tendrán derecho a la atención sanitaria en casos de emergencia, pero fuera de estas situaciones, a quienes no residan de modo permanente en el país y acudan a los centros sanitarios públicos, solo se les dará atención tras la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio. La medida no se aplicará para los extranjeros que sean residentes permanentes.
En materia de educación, siguen vigentes las condiciones actuales para los niveles inicial, primaria y secundaria. En el caso de la educación pública universitaria, los estudios de grado serán gratuitos solo para los ciudadanos argentinos, sean nativos o por opción, y para aquellos extranjeros que tengan la residencia permanente.
El decreto autoriza a las universidades públicas a establecer el cobro de aranceles por sus servicios a los extranjeros que no sean residentes permanentes.
Obtención de la ciudadanía
El otorgamiento de la ciudadanía argentina pasa a ser una competencia de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), proceso que correspondía al Poder Judicial.
Para los extranjeros mayores de 18 años de edad que pidan la ciudadanía por naturalización, basándose en la residencia, se mantiene el requisito de haber residido en el país de forma continua y legal durante los dos años anteriores a la solicitud. Pero para esta «residencia continua» se interpreta que un extranjero permaneció en el territorio durante todo el plazo, sin haber salido al exterior.
Se crea un nuevo mecanismo para obtener la ciudadanía por naturalización para extranjeros que acrediten ante la DNM la realización de una inversión relevante en el país, cualquiera sea el tiempo de su residencia. El Ministerio de Economía establecerá qué inversiones son relevantes y se creará una nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión que gestionará estos programas.
Medidas que incluye la reforma
A las categorías de residentes permanentes y residentes temporarios se agrega la figura de residencia precaria, que será concedida por la DNM luego de ser iniciado el trámite de residencia hasta su resolución, la cual tendrá una validez de hasta 90 días y podrá ser renovada, habilitando a la persona a egresar, ingresar, trabajar y estudiar en el país durante su vigencia, pero no da derecho a una resolución favorable en su trámite principal.
Para obtener la residencia permanente la persona debe acreditar los medios económicos suficientes para mantenerse en el país, así como la inexistencia de antecedentes penales que puedan generar el rechazo.
Reunificación familiar, subcategoría de residencia temporaria o transitoria, se añade con una permanencia de hasta tres años o por el lapso del familiar residente, es prorrogable, con ingresos y salidas múltiples. Sin embargo, los extranjeros que sean admitidos como residentes temporarios deben abandonar el país cuando expire el plazo autorizado y si no lo hace, será expulsado.
Deportaciones y cancelación de la residencia
Los motivos para impedir el ingreso o permanencia de extranjeros en el país se endurecieron, incluyendo algunos como no informar antecedentes penales o condenas, realizar actos simulados para obtener beneficios migratorios, no acreditar oferta de trabajo si es el motivo de ingreso, entre otros.
La cancelación de la residencia y posterior expulsión se daría en casos como obtener beneficios migratorios con documentación falsa, haber sido condenado (en Argentina o en el exterior) por delito doloso con pena privativa de libertad, permanecer fuera del país por más de un año (residencia permanente) o de seis meses (temporaria) sin justificación o autorización, desnaturalizar las razones de concesión de residencia o estar incurso en supuestos de genocidio o terrorismo, entre algunos más.
Asimismo, el rechazo en la frontera puede ocurrir por varias razones, como presentar documentación inadecuada, tener sospecha fundada de falsedad en el motivo de ingreso, ingreso irregular detectado en el momento o inmediatamente después o en situaciones de emergencia crítica de salud pública y seguridad nacional declaradas.
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