Un total de 125 organizaciones hicieron un llamado público a todos los Estados para que dejen de apoyar la campaña de ejecuciones extrajudiciales estadounidenses en el mar Caribe y el océano Pacífico.
Esta coalición está integrada por grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias, defensores de políticas de drogas y grupos de veteranos, quienes recordaron que «continuar prestando ese apoyo podría exponerlos a responsabilidades legales».
«Desde septiembre de 2025, el ejército de Estados Unidos ha matado a más de 175 personas a bordo de pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico. Las identidades de la mayoría de las víctimas siguen siendo desconocidas, y no hay ninguna prueba de que representaran una amenaza inminente para las personas o para Estados Unidos. No obstante, la Administración (de Donald) Trump ha señalado que estos ataques ilegales continuarán e incluso se intensificarán, incluyendo ataques terrestres», refiere el documento.
Afirmaron que expertos legales, la sociedad civil, exabogados del Gobierno estadounidense y militares de ese país, tanto activos como retirados, coinciden en que Washington «está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en contravención del derecho internacional».
«El derecho a la vida y al debido proceso son principios fundamentales del derecho internacional. Estos ataques, llevados a cabo fuera de un conflicto armado, sin cargos ni juicio, y contra personas simplemente acusadas de participar en el narcotráfico, lo cual no constituye una amenaza inminente ni un ataque armado, representan claras violaciones de estos derechos», aseveraron.
Aclararon que los terceros países que respalden estas acciones pueden incurrir en «responsabilidad jurídica por ayudar o asistir a otro Estado en la comisión de actos internacionalmente ilícitos, incluidos asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad».
«Formas de cooperación como el intercambio de inteligencia, el acceso a bases militares y la prestación de apoyo logístico pueden constituir ayuda o asistencia cuando facilitan la identificación, el seguimiento y el ataque a buques», acotaron.
Además, manifestaron que, dada la naturaleza pública de estos ataques y la evidente falta de justificación legal, «los Estados no pueden alegar de forma plausible desconocimiento de los riesgos asociados a su apoyo».
«Todos los Estados deben cesar de inmediato o abstenerse de prestar cualquier asistencia que pueda contribuir a estos asesinatos ilícitos. De no hacerlo, se facilita la continuación de esta campaña ilegal, se socava el Estado de derecho y se corre el riesgo de incurrir en responsabilidad jurídica conforme al derecho internacional», reiteraron.
De acuerdo con la normativa, un Estado puede ser considerado responsable si presta ayuda o asistencia que facilite la comisión de un hecho internacionalmente ilícito por parte de otro Estado.
Consecuencias para toda la región
Advirtieron que las consecuencias de las ejecuciones extrajudiciales estadounidenses se hacen sentir en comunidades de toda la región, con familias que esperan el regreso de sus seres queridos y tal vez nunca sepan qué les sucedió, careciendo de recursos legales.
«Las comunidades costeras han presenciado el hallazgo de restos humanos en la orilla y temen por sus vidas al comerciar y pescar, lo que genera traumas psicológicos y socava sus medios de subsistencia», precisaron.
Entre las organizaciones firmantes están: Cuerpo de Acción, CODEPINK, Acción contra la Violencia Armada, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Campaña por la Paz, el Desarme y la Seguridad Común, Centro de Investigación Económica y Política, Centro de Política Internacional, Centro para Víctimas de Tortura, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comité Colombiano de Derechos Humanos, entre otras.
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