El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reunido en Sala Constitucional, acordó avocarse a un expediente abierto hace 15 años y que mantenía enfrentados a integrantes de un grupo familiar, quienes se disputaban bienes heredados. Fruto de ese avocamiento, los magistrados dictaron una serie de medidas destinadas a zanjar la disputa familiar.
Todo empezó en el año 1968 cuando Athanasios Frangogiannis y su cuñado Dimitru Caravasile fundan Inmobiliaria Mica C.A. Athanasios con 75% de las acciones y Dimitru poseía el 25%. Las desavenencias se destaparon en octubre de 2010, cuando Athanasios regresó de Grecia, luego de una larga estancia por razones laborales y de salud.
En esa ocasión, Athanasios detectó ‘’ciertas irregularidades’’ presuntamente cometidas por su cuñado, por lo cual decidió removerlo como gerente general de la inmobiliaria.
Paralelo a ello, el hijo del socio Dimitru Caravasile, identificado como Gregorio Frangogiannis Caravasile, presuntamente ejecuta una serie de acciones que condujeron al desplazamiento del socio mayoritario, es decir, Athanasios Frangogiannis.
De acuerdo al expediente, las acciones desplegadas por Gregorio Frangogiannis se materializaron en la modificación de cláusulas principales del documento constitutivo de la compañía Inmobiliaria Mica C.A., lo que disminuía la carga accionaria de Athanasios Frangogiannis de un 75% a 0.37%. Y en contraste, Dimitru Caravasile se posesionaba como dueño de la sociedad mercantil tras incrementar sus acciones de 25% a un 99.63%.
Tal situación fue denunciada ante el Ministerio Público el 14 de diciembre de 2011, por parte del apoderado judicial de Athanasios Frangogiannis, quien señaló a Gregorio Caravasile Frangogiannis y Dimitru Caravasile, por la presunta comisión del delito de estafa agravada.
La imputación
Tres años después de esa denuncia, es decir, el 13 de enero de 2014, se practicó el acto de imputación de Gregorio Caravasile, ante la Fiscalía 21° a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de estafa y legitimación de capitales.
Luego, se celebraron tres audiencias preliminares en distintos tribunales de control de Caracas, entre abril de 2017 y julio de 2019, donde se emitieron decisiones favorables a Gregorio Caravasile, al cual sobreseyeron de los delitos imputados.
La defensa de Athanasios Frangogiannis apeló en cada caso y las cortes de apelaciones declararon sin lugar dichos recursos, confirmando el sobreseimiento a favor de Gregorio Caravasile.
Ante tales reveses, acudieron a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que declaró la nulidad de oficio de una de esas audiencias preliminares, concretamente la del 26 de abril de 2017, mediante la cual el Tribunal Octavo de Control de Caracas decretó el primer sobreseimiento a favor de Gregorio Caravasile. Esa decisión de la Sala Penal se produjo el 7 de diciembre de 2018, a través de la sentencia número 391.
En esa sentencia, los magistrados detectaron que el Tribunal Octavo de Control de Caracas no expresó ‘’las razones de hecho y de derecho en que se fundó la decisión con indicación de las disposiciones legales aplicadas, incurriendo en el vicio de inmotivación’’. Los magistrados dicen desconocer el porqué el mencionado tribunal de control sobreseyó a Gregorio Caravasile.
Dice la Sala Penal que tal proceder deja desprovista a la presunta víctima de formular a futuro un eventual ‘’resarcimiento de los daños”, en caso de constatarse la estafa denunciada. Basado en esos criterios, los magistrados ordenaron celebrar una nueva audiencia preliminar, para que otro tribunal de control evalúe si Gregorio Caravasile merece ser llevado a juicio por la presunta comisión del delito de estafa agravada.
Esa nueva audiencia preliminar no se llegó a celebrar, porque el Tribunal 8° de Control de Caracas, donde recayó el expediente, consideró que había transcurrido el tiempo que las leyes le otorgan al Estado para investigar y sancionar el delito de estafa, por el cual está procesado Gregorio Caravasile. En consecuencia, el referido tribunal decretó el sobreseimiento de la causa «por extinción de la acción penal… habida cuenta de que se evidencia que ha sido superado con creces el lapso previsto para que opere la prescripción extraordinaria o judicial». Y dado que con la acción penal también se extinguió la facultad y competencia jurisdiccional para seguir conociendo del caso, «resulta innecesario o irrelevante entrar a fijar fecha para la celebración de acto de audiencia preliminar’’.
El avocamiento
La víctima consideró que todas esas decisiones lesionaban su derecho a obtener justicia “sin que los organismos competentes hayan hecho nada al respecto para remediar la situación”. En razón de ello, solicitaron la intervención de la Sala Constitucional del TSJ, mediante un recurso de avocamiento que ingresó a esa instancia el 28 de octubre de 2019 y cuya respuesta se produjo el pasado 11 de marzo, a través de la sentencia 218.
En esa sentencia, los magistrados exponen una serie de irregularidades detectadas en el proceso penal donde figuran como imputados Gregorio Caravasile y su padre Dimitru Caravasile, acusados de estafar a Athanasios Frangogiannis.
En el transcurso de ese proceso, iniciado hace 15 años, fallecieron los dos socios fundadores de Inmobiliaria Mica C.A. y quedaron en la disputa Irma Michailos de Frangogiannis, viuda de Athanasios, y Gregorio Caravasile, hijo de Dimitru Caravasile.
He aquí parte de las medidas dictadas por la Sala Constitucional para solventar la disputa familiar.
1.- Con lugar la solicitud de avocamiento interpuesta por el apoderado judicial de Irma Michailos de Frangogiannis (viuda) respecto al proceso penal seguido contra Gregorio Caravasile, conocido por el Tribunal 8° de Control de Caracas.
2.- Declara la nulidad absoluta de la decisión del 19 de enero de 2021, dictada por el Tribunal 8° Octavo de Control de Caracas, mediante la cual se declaró la prescripción extraordinaria o judicial de la acción penal, y, en consecuencia, el sobreseimiento de la causa seguida contra Gregorio Caravasile.
4.- Ordena reponer la causa penal principal a la fase preparatoria, a fin de que el Ministerio Público investigue la presunta comisión de los delitos de estafa asociado al fraude procesal y obstrucción a la administración de justicia “producto de las actuaciones obstruccionistas desplegadas por el imputado Gregorio Caravasile”.
5.- Declara la nulidad absoluta de la investigación que lleva la Fiscalía Sexagésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobre Irma Michailos.
6.- Se ordena que las acciones nominativas de la sociedad Inmobiliaria MicaI C.A., identificadas a favor del socio minoritario, Dimitru Caravasile o sus causahabientes, queden a favor y a nombre del socio o socios mayoritarios o sus causahabientes de la referida entidad mercantil, “con el propósito de solventar parcialmente los daños y perjuicios ocasionados por los actos ilícitos que en este fallo se han identificado, establecidos y declarados”.
7.- Se declara y ratifica el nombramiento de Irma Michailos de Frangogiannis como administradora de la sociedad mercantil Inmobiliaria Mica, C.A.
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